LA INOCENCIA DE LA PALABRA

La democracia brota de la palabra. Por eso cada vez que sustentamos el estado democrático exclusivamente sobre el poder judicial, legislativo y ejecutivo, exiliamos la palabra como raíz y se nos estropea la libertad entre las manos.

Se equivoca Tomás Gómez manteniendo en su puesto de organización del Partido Socialista de Madrid a Trinidad Rollán condenada en los tribunales por prevaricación. Se equivoca argumentando que no se ha lucrado económicamente y que en consecuencia no hay corrupción. La prevaricación encierra un falseamiento de la palabra, de la verdad que siempre debe entrañar, actuando de espaldas a esa palabra, falseándola, degradándola. Y esa comporta una corrupción más grave que la ganancia económica que se deriva de otro tipo de actuaciones. Es verdad que así actúa el Partido Popular en casos similares. Pero ese envilecimiento no puede permitírselo un partido de izquierdas aspirante a gobernar la comunidad de Madrid.

María Dolores Cospedal hiere de muerte la palabra cuando proclama, sin pruebas que la capaciten para acudir a los tribunales, que desde el Ministerio del Interior se vigilan los teléfonos de la oposición contraviniendo la privacidad de las conversaciones a que tenemos derecho todos los españoles.

Y prevarica José María Aznar, el milagrero que no logró santificar a España, cuando trocea la dignidad de un país del que fue presidente, y con su mostrador ambulante a cuestas la vende por el mundo al mejor postor como estraperlista de harina blanca de posguerra. Tan consustancial es la prevaricación a Aznar que ni siquiera es consciente de que envuelve su mercancía en la estraza de su propia indignidad.

Al Consejero de Cultura de Murcia le han destrozado la cara unos seres despreciables, sean quienes sean. Y aparece inmediatamente Mariano Rajoy, el que “está en el futuro” mientras Cascos es “historia pasada”, el que guarda silencio con la gürtel delante, culpando a Rubalcaba de las lesiones padecidas por el sobrino de Valcárcel: "La agresión sufrida por Pedro Alberto Cruz es el último y más grave episodio de una campaña de acoso contra el Gobierno de Murcia que se ha venido desarrollando en los últimos días ante la pasividad del Ministerio del Interior” ¿No viola la inocencia de la palabra María Dolores Cospedal acusando a cargos socialistas de fomentar “comportamientos virulentos” que “han creado un clima de alteración social absolutamente impropio de una democracia”?

Y ataca mortalmente la esencia de la palabra Jaime Mayor Oreja cuando predica por todas las tertulias afines que el comunicado de ETA es un documento pactado por la banda terrorista y el gobierno de Zapatero para debilitar a España y entregarla a la banda terrorista cuanto antes y con más facilidad. Y lo grita sin un Rajoy que lo desmienta, con una Cospedal evasiva, con un Pons escurridizo y un Aznar consentidor.

La democracia se siente herida por el dinero indebidamente adquirido que merece el reproche más absoluto y la justicia más severa. La corrupción económica debería bastar para que hoy algunas comunidades no tuvieran los candidatos que tienen ni los apoyos que eso candidatos ostentan. Ese dinero tiene un sabor amargo que repugna a la conciencia democrática. Pero la democracia se fundamenta en la palabra y cuando se viola esa palabra se ataca su dignidad en las raíces mismas de su ser. Reducir la corrupción a la apropiación indebida o soterrada de dinero es apostatar de la hermosa tarea de sentirnos responsables de la construcción de un país orgulloso de su dignidad.

Es urgente redimir la palabra, devolverle la transparencia que nunca debió perder y respetar los derechos que la hacen vertebración insustituible de lo humano. Restaurar la inocencia a la palabra nos convierte en hacedores de un futuro ancho como el mar.